La Constitución del Ecuador reconoce el inalienable derecho de los ecosistemas para existir y florecer, dando a la gente la autoridad de pedir en nombre de los ecosistemas, requiriendo al gobierno que remedie las violaciones a estos derechos, de tal manera que ríos y selvas puedan mantener su propio derecho de existencia y que no sean solo una propiedad. Bajo estas leyes por ejemplo, un ciudadano puede hacer una demanda legal en nombre de un rio afectado, reconociendo que la salud del agua es crucial para el bienestar común.