Desde el siglo XVII las escrituras públicas tenían que ser soportadas, para tener validez, en un papel que llevaba estampado un sello con las armas de la nación, el precio de cada pliego y su clase. Era la materialización del impuesto de timbre y con él se contribuía a los objetivos recaudatorios de la Corona. Este papel cambiaba de sello con cada nuevo reinado. En esta escritura se refleja como, por la escasez de papel que hubo en la Guerra de la Independencia, se reutiliza el papel existente añadiéndole una nota en la que se especificaba que era válido para otro monarca distinto al que figuraba en el sello.