México 200 años. El nacimiento de una nación

México nació en 1821 como un Estado independiente bajo la forma de un imperio, en medio de la disputa entre elites locales y los otrora insurgentes para dar forma a la nueva nación y gestionar el poder político. El imperio resultante integró un vasto territorio, desde las altas californias hasta el centro del continente americano, bajo los principios de Religión, Unión e Independencia que quedaron plasmados en su escudo de armas. Sin embargo, la forma de gobierno monárquica no subsistió mucho tiempo y en 1823 se instauró la República Federal Mexicana, como parte de un nuevo reacomodo de fuerzas y grupos políticos dentro del país.

En 1815, tras la captura y muerte de José María Morelos y Pavón, el movimiento insurgente se debilitó fuertemente, ya que los diversos grupos que luchaban por la independencia se habían dispersado a diversas zonas para mantener viva la resistencia. 

Entre los principales líderes insurgentes que mantuvieron la guerra se encontraban. Por ejemplo, Manuel Mier y Terán, quien se estableció con sus tropas en el Cerro Colorado, localizado en el cruce de los caminos entre Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se mantuvo hasta principios de 1817; Francisco Xavier Mina, liberal defensor de la Constitución de Cádiz, y Fray Servando Teresa de Mier, quienes se ubicaron en Soto la Marina, en las costas de Nueva Santander (actual estado de Tamaulipas), desde donde se  dirigieron hacia Guanajuato y se unieron a las fuerzas de Pedro Moreno. 

Después de pactar, Iturbide le hizo llegar a Vicente Guerrero el Proyecto del Plan de Independencia de la Nueva España, documento que posteriormente se conoció como el Plan de Iguala, mediante el abogado Juan Espinosa de los Monteros. Guerrero aceptó el plan en su mayor parte, menos en el punto que decía que se le ofreciera la corona de México al Rey de España.

Iturbide prosiguió con el plan y para el 24 de febrero de 1821 fue firmado en Iguala por Guerrero y el mismo Iturbide, posteriormente fue presentado ante las tropas el manifiesto dirigido a toda la población de la Nueva España que en 24 artículos declaraba la devoción por la fe católica, la independencia de la Nueva España y la igualdad de los americanos sin distinción de origen. 

Para la defensa de estas garantías se integró un Ejército llamado de las Tres Garantías o Trigarante, comandado por el mismo Iturbide; este plan proponía que el gobierno fuera una monarquía moderada y su gobernante, el Rey de España o cualquier persona de la casa reinante; y que las propiedades de todas las personas, españoles, americanos y del clero, serían respetadas.

Dentro de las contestaciones que se hicieron a los comunicados que circuló el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, se sumó la información desde la provincia de Veracruz de que el mismo 16 de marzo  por la cual se supo que Agustín de Iturbide se mantenía en Iguala,  mientras sus tropas habían tomado el territorio de Cuernavaca reuniéndose con gente de las haciendas que se sumaban al movimiento Trigarante, además de que en Xalapa algunos cuerpos militares se sumaban al Plan de Iguala.     

Iturbide y sus hombres ya habían convencido a la mayoría de los militares realistas de sumarse al Ejército Trigarante. Para fines de abril de 1821 los líderes militares Luis Cortázar, Anastasio Bustamante y Joaquín Parrés ya se habían adherido al Plan de Iguala. Para intentar revertirlo el virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció perdonar a los que se habían unido a Iturbide. Aunque sí hubo militares se mantuvieron fieles a las instrucciones de las autoridades virreinales. Este fue el caso del mariscal José de la Cruz, en cuyas cartas podemos leer que informó al virrey de las invitaciones que se le habían hecho para unirse a las tropas Trigarantes. Sin embargo, los esfuerzos del virrey fueron infructuosos ante las crecientes  adhesiones a los Trigarantes. 

Ante la gran simpatía que iba sumando Iturbide y la causa independentista, el virrey Apodaca emitió una circular el 26 de mayo de 1821. En ella instruyó a los altos mando de las tropas realistas a tomar medidas para evitar más deserciones de los soldados que tenían bajo su cargo, a emprender acciones para reemplazar las bajas y a sumar más personal armado.

Con la salida de Apodaca, desde España se dio la orden de nombrar Jefe Superior Político de la Nueva España a Juan O´Donojú, quien después de hacer el juramento en España y tomar el cargo, arribó a Veracruz. En cuanto Iturbide conoció de su llegada, buscó entrevistarse con él para que por medio de algunas negociaciones reconociera la independencia del Imperio Mexicano. O ’Donojú, al llegar a territorio novohispano, lanzó su primera proclama, en la que hace manifiesta su fe liberal y ofrece conciliar  intereses de americanos y europeos.

Finalmente, el 24 de agosto de 1821, insurgentes liderados por Iturbide y O ’Donojú  se reunieron en la Villa de Córdoba, en donde llegaron a un acuerdo con la firma de los llamados “Tratados de Córdoba”, con los cuales Juan O´Donojú, como representante de la Corona de España,  aceptaba el “Plan de Iguala” y recocía la total Independencia de México con respecto a España, por su parte, México asumía la responsabilidad de establecerse como una nación soberana e independiente que se denominaría Imperio Mexicano; tomando como forma de gobierno una monarquía constitucional, que debía ser regida por Fernando VII o la autoridad real que dispusiera la Corona de España. Mientras se esperaba la designación del nuevo Emperador, la nación Mexicana tenía el derecho de integrar una Junta Provisional de Gobierno, la cual nombraría una Regencia que gobernaría hasta la llegada del Rey de España, quien en caso de no presentarse o no recocer su derecho a la corona del Imperio Mexicano, esta nación tenía la libertad de designar a su primer emperador, puerta que abría la posibilidad a Agustín de Iturbide de asumir el mando supremo. 

Después de firmar los “Tratados de Córdoba” Don Juan O´Donojú le escribió a Novella el 7 de septiembre de 1821, para que informara al ejercito realista sobre el acuerdo de paz de 6 días con el Ejercito Trigarante, por el cual se mantendrían las posiciones de las tropas en el lugar donde se encontraban; se permitiría la entrada de civiles para llevar víveres; también se disponía que todo aquel combatiente que regresara a su regimiento tendría que acreditar que lo había hecho durante el periodo de paz y finalmente se daba aviso de la reunión que tendría lugar en la capital de la Nueva España, en Tacuba, entre los generales del Ejército Trigarante y el llamado Ejército Realista.

Novella y O’Donojú se entrevistaron en la Hacienda de Patera, entre Azcapotzalco y la Villa de Guadalupe, en donde el primero entregó el mando al segundo. Posteriormente se reunieron con Agustín de Iturbide, con quien acordaron brindar garantías a los  realistas para que salieran a Cuba, libertad a todos los presos políticos, el restablecimiento de la libertad de imprenta en la Nueva España y la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.     

Con dicho convenio el ejército siguió un largo camino como se muestra en el presente documento fechado en 1823, donde se enlistan todas las provincias, ciudades y pueblos por los que pasaron,  desde su salida del pueblo de Iguala hasta su llegada a  Tacubaya en el pueblo de Azcapotzalco.

El 23 de octubre de 1821 la Regencia del Imperio Mexicano emitió un decreto a fin de que la Soberana Junta Provisional Gubernativa a fin de que determinara que Agustín de Iturbide obtuviera las facultades y deberes como Almirante Generalísimo. Esto significaba que Iturbide tendría que hacerse cargo de las fuerzas militares por mar y tierra, dirigiría los colegios militares y cuerpos de armas, a la vez que vigilaría el desempeño de todo lo relacionado con la Hacienda militar. 

Con la creación de un Soberano Congreso Constituyente Mexicano comenzaron a conformarse las instituciones de manera más estable. Una de ellas fue la Hacienda Pública encargada de las aduanas, del manejo de finanzas, los empleos civiles y militares. Antes de la instalación del Congreso Constituyente la Soberana Junta Provisional Gubernativa había dictado medidas provisionales para el sistema de Hacienda en febrero de 1822, las cuales fueron modificadas con el Decreto del 28 de febrero que comenzó a dar forma a la Hacienda Pública. El proceso implicó la contratación de personal, aun cuando no estuviera plenamente organizada la nueva institución. De ahí que el 7 de mayo la Regencia emitió un decreto que daba orden al proceso de provisión de empleos civiles y  militares en aduanas, para el manejo y recaudación de caudales, comunicación que fue remitida a los jefes políticos de las provincias, como deja saber la comunicación de dicho decreto por parte de Luis Quintanar, Jefe Político de la Provincia de Provincia de Guadalajara.

Así mismo el Soberano Congreso emitió un decreto el 13 de mayo de 1822 para velar por la seguridad interior que imponía penas para el delito de conspiración contra la Independencia. En el decreto se señaló que la pena que dicha pena que se había reservado en el Plan de Iguala a Agustín de Iturbide sería la misma que señalaban las leyes vigentes promulgadas hasta el año de 1810 usada para castigar el delito de lesa majestad humana. En los días siguientes, la orden fue transmitida a los tribunales, instituciones de  justicia, jefes, gobernadores y diversas autoridades para vigilar su cumplimiento.

Agustín de Iturbide fue nombrado emperador en medio de los conflictos entre los poderes de la nueva nación. Como presidente de la Regencia entró en tensión con el Congreso de composición liberal en torno a la resolución de los problemas económicos más urgentes del país, el pago a las tropas y la formación de las milicias que ponían límites a su poder. La confrontación se resolvió con un golpe de estado que movilizó a las tropas de Iturbide y lo exaltaron como emperador el 18 de mayo de 1822. En los días siguientes, en medio de acaloradas discusiones e intentos por realizar una consulta en las provincias, el Congreso ratificó la elección de facto, por lo cual el 21 de mayo rindió juramento Agustín I. La coronación se programó para el 27 de junio, pero fue pospuesta un mes por indisposición de Iturbide, periodo durante el cual una comisión del Congreso realizó los preparativos con un ceremonial orientado a exaltar su figura. Se realizó un cortejo que atravesó las calles adornadas, una plaza de armas con retratos de Iturbide, culminando en la coronación realizada en la catedral metropolitana el 21 de julio de 1822, con la presencia de la familia imperial, representantes las corporaciones de la ciudad y el Congreso. Rafael Mangino, presidente del Congreso,  colocó la corona en la cabeza de Iturbide en el acto simbólico de delegación del poder en el nuevo emperador.

El 22 de mayo de 1822 se proclamó como primer emperador constitucional de México a Agustín de Iturbide, además de disolver el Soberano Congreso Constituyente Mexicano, dos días después el 24 de mayo publicó el reglamento para el gobierno interior de su secretaria, donde en tres capítulos expuso las obligaciones de los cuatro diputados secretarios encargados de documentos y decretos emitidos, así como las actividades y sueldos de los oficiales y escribientes encargados en dicha Secretaría donde ya se  mantenía un archivo. 

Muchos insurgentes mantuvieron su descontento frente a la forma de gobierno imperial establecida tras la proclamación de la Independencia, pues eran partidarios de una forma de gobierno republicana, razón por la cual fueron víctimas de una persecución de Agustín de Iturbide, como se puede observar en ésta lista en la que se señalan a sospechosos de conspirar contra el gobierno de Iturbide, entre los que se identifican a Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo.

A pesar de la marginación política, de la vigilancia y la persecución, la oposición insurgente logró agruparse e impulsar una iniciativa política frente al imperio. Tras diversas comunicaciones y negociaciones para alcanzar la paz, Miembros del Ejército Imperialista y rebeldes opositores a la forma de gobierno imperial liderados por Santa Anna y Guadalupe Victoria se reunieron el 1 de febrero de 1823 en Veracruz, en un polvorín conocido como Casa Mata para pactar un Plan, conocido desde entonces como Casa Mata. Este acuerdo político instaba a la restitución del Congreso, mismo que había sido disuelto por Iturbide, y reconocía al Congreso como depositario de la soberanía nacional. Los adherentes del plan político se comprometían a defender al  Congreso como la representación nacional, confiriéndole la autoridad para definir la forma de gobierno, rechazando a la vez el sistema de gobierno imperial. Como resultado de la acción en torno al plan Iturbide perdió el apoyo del ejército que lo sostenía en el poder y fue derrotado. En el mismo año fue desterrado y el Soberano Congreso Constituyente Mexicano fue restaurado.

Tras la salida de Agustín de Iturbide del poder se instauró la República Federal en 1823 y el 31 de enero de 1824, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente. Dicha acta buscaba responder y resolver los los problemas políticos de organización y administración de la reciente nación mexicana. El Congreso de 1824 estaba integrado por elementos con marcadas ideas federalistas. Una vez concluidas las sesiones de debate, dicho documento fue aprobado y promulgado. En el cuerpo del texto quedó asentada la adopción de la república representativa, popular y federal como forma de gobierno, se consignó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con sus respectivas funciones. Esta actividad influyó en la conformación de la Carta Magna que fue finalmente promulgada el 4 de octubre de 1824.

Durante más de una década y media España continuó sin reconocer la independencia de la nueva nación mexicana hasta que el 28 de diciembre de 1836, durante el interinato de José Justo Corro como presidente de México, se firmaron los Tratados de Paz y Amistad entre República Mexicana y la Monarquía Española, en Madrid, España. Este documento, del cual conserva copia nuestra institución, fue firmado por los secretarios Miguel Santa María, por parte de México, y por José María Calatrava, por parte de España. Mediante estos tratados la Reina Isabel II, como representante de España, reconoció la independencia del territorio mexicano, así como su carácter de nación libre y soberana, se establecieron relaciones diplomáticas y finalizaron las tensiones entre ambas naciones surgidas a partir de la guerra. Por su parte, México se comprometía a respetar las posesiones ultramarinas de España: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.